Multas y sanciones en propiedad horizontal: topes y proceso
Multar a un propietario sin requerimiento escrito, sin reglamento o por encima del tope puede tumbar la sanción. Esto es lo que la Ley 675 permite, quién decide y cómo se hace bien.
Qué sanciones permite la ley y cuál es el tope de las multas
La Ley 675 de 2001 (art. 59) permite tres sanciones cuando un propietario, tenedor o un tercero a su cargo incumple una obligación que no es de dinero y que está en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal: 1) publicar en lugares de amplia circulación la lista de infractores, con el hecho que origina la sanción; 2) imponer multas sucesivas mientras persista el incumplimiento; y 3) restringir el uso y goce de bienes comunes no esenciales, como salones comunales y zonas de recreación y deporte.
Las multas tienen dos topes. Cada una no puede superar dos veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor, calculadas a la fecha de imposición, y todas sumadas no pueden pasar de diez veces esas expensas. Ejemplo con cifras inventadas: si la cuota de administración mensual de una unidad fuera de 300.000 pesos, cada multa podría ser de hasta 600.000 y el total acumulado, de hasta 3.000.000.
El parágrafo del artículo 59 es claro: nunca se puede restringir el uso de bienes comunes esenciales (por ejemplo, el ascensor, las escaleras o la portería) ni de los bienes destinados al uso exclusivo del propietario. Una «sanción» que le impide a alguien entrar a su parqueadero o usar el acceso al edificio no es válida.
Quién impone la sanción: asamblea o consejo, no el administrador ni el comité
Según el artículo 60, las sanciones las impone la asamblea general o el consejo de administración, este último sólo cuando existe y el reglamento le atribuyó esa facultad. El administrador no sanciona: su función es hacerlas efectivas (art. 61), incluso acudiendo a la autoridad de policía si hace falta.
Tampoco las impone el comité de convivencia. El artículo 58 le da a ese comité la tarea de proponer fórmulas de arreglo entre vecinos, y su parágrafo 2 dice que en ningún caso podrá imponer sanciones. Sus miembros los elige la asamblea por un año y son un número impar de tres o más personas. Mezclar los roles es un error frecuente: el comité concilia, el órgano competente sanciona.
El debido proceso paso a paso
La ley exige un requerimiento escrito previo, con la indicación del plazo para que el infractor se ajuste a las normas, y el artículo 60 obliga a respetar los procedimientos del reglamento, con debido proceso, derecho de defensa, contradicción e impugnación. Una secuencia prudente: 1) documentar el hecho (fecha, evidencias, quién lo reportó); 2) enviar el requerimiento escrito con el plazo; 3) permitir que la persona responda y presente pruebas; 4) decidir en el órgano competente y dejar la decisión en el acta; 5) comunicar la sanción por escrito, con la forma de impugnarla; 6) hacerla efectiva por medio del administrador.
Además, la ley pide valorar la intencionalidad, la imprudencia o la negligencia, las circunstancias atenuantes y aplicar criterios de proporcionalidad y graduación según la gravedad, el daño causado y la reincidencia. No es lo mismo un ruido ocasional que una conducta repetida que ya fue advertida por escrito.
Una precisión que sí aplica a la administración del día a día: el parágrafo del artículo 60 dice que el reglamento debe indicar las conductas sancionables, con la sanción que procede en cada caso y la duración razonable de la publicación y de la restricción. Si tu reglamento no las describe, la sanción queda sin base.
Cómo se impugna una sanción
El artículo 62 reconoce al propietario sancionado el derecho a impugnar, con el procedimiento del artículo 194 del Código de Comercio o las normas que lo modifiquen. El texto original fijaba un mes desde la comunicación, pero esa parte fue derogada por la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), así que el plazo y el trámite actuales debe confirmarlos un abogado de propiedad horizontal antes de responder una impugnación.
Lo que sí está a tu alcance es lo que sostiene la sanción en un proceso: un reglamento que describe la conducta, el requerimiento con su fecha de entrega, la respuesta del propietario y el acta de la decisión. Sin esos documentos, la sanción es fácil de cuestionar.
Lo que no es una multa: la mora y los intereses
Las sanciones del artículo 59 son por obligaciones no pecuniarias. El atraso en el pago de las cuotas es otro asunto: se cobra con intereses de mora y, si persiste, con el proceso ejecutivo. Conviene no llamar «multa» a una deuda de administración ni sumarla al tope de las diez veces: son figuras distintas. Si quieres ordenar el cobro, mira nuestras guías sobre cobro de cartera y cómo reducir la mora.
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Este artículo es informativo y no reemplaza la asesoría de un abogado de propiedad horizontal. Verifica siempre el texto vigente de la Ley 675 de 2001 y el reglamento de tu conjunto.
En resumen
Administrar una copropiedad en Colombia es, sobre todo, un ejercicio de orden: finanzas al día, comunicación clara y cumplimiento de la Ley 675. Las herramientas digitales no reemplazan el criterio del administrador ni del consejo, pero sí eliminan el trabajo repetitivo y reducen los errores, dejando tiempo para lo que de verdad importa: cuidar el conjunto y a su comunidad.
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